La Oficina de Equidad e Inclusión de Dallas, que tuvo un papel destacado en la propuesta de derechos humanos de la región, necesaria para albergar la Copa Mundial de la FIFA del próximo año, podría verse en peligro de ser eliminada en caso de ser promulgado un proyecto de ley del Senado estatal que busca eliminar los departamentos de diversidad, equidad e inclusión en gobiernos locales.
“La clave está en retomar los fundamentos de la contratación y contar con la persona idónea para el puesto”, declaró el representante Stan Gerdes, republicano por Bastrop, quien presentó el proyecto de ley el lunes ante el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley fue aprobado en comisión.
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La legislación busca garantizar que los gobiernos contraten, capaciten y asciendan a sus empleados con base en “méritos y cualificaciones” en lugar de “factores como raza, género, origen y otros contextos sociales”, explicó Gerdes.
En Dallas, la oficina de equidad ha liderado el análisis de datos, guiando al Ayuntamiento respecto dónde y cómo invierte fondos para impulsar las iniciativas en el sur de Dallas, al sur de la Interestatal 30, con el fin de lograr la igualdad en la calidad de vida y el desarrollo de infraestructura, algo a lo que están más acostumbrados los vecinos de la zona norte de la ciudad.
El departamento también investiga la discriminación en la vivienda y el empleo, y supervisa la implementación de un plan para mejorar la infraestructura de la ADA.
Quienes se oponen al proyecto de ley afirman que su lenguaje es vago y amplio, y que podría ir más allá de la simple eliminación del departamento.
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Les preocupa que el lenguaje del proyecto de ley revierta el progreso que los gobiernos locales han logrado para abordar la desinversión y la negligencia en las comunidades marginadas y subrepresentadas, que se han visto agravadas por las políticas locales de segregación residencial.
Adam Bazaldúa, vicealcalde pro tempore, afirmó que el proyecto de ley impone cargas administrativas a la ciudad y genera confusión en cuanto al cumplimiento.
Al mismo tiempo, la ciudad busca maneras de equilibrar su presupuesto, y la eliminación de la oficina podría facilitar esa tarea.
En el presupuesto actual de la ciudad, los funcionarios redujeron la financiación del departamento en un 25% con respecto a la asignación del año anterior. El departamento cuenta actualmente con 19 puestos, según el presupuesto municipal, y al menos tres se reclasificaron a otros departamentos.
Andrew Hendrickson, de la ACLU de Texas, afirmó que el proyecto de ley era antidemocrático porque los votantes pueden exigir fácilmente cuentas a su gobierno si los organismos locales crean programas que no les gustan.
“Ese es el máximo nivel de rendición de cuentas ante la democracia, y en lo que nos gustaría que se basaran estas políticas locales, en lo que los votantes consideran que mejor sirve a sus comunidades”, declaró.
Algunos legisladores cuestionaron si la ley prohibiría a las ciudades celebrar eventos relacionados con Juneteenth y el Black History Month. También les preocupaba que su redacción afectara la labor de divulgación destinada a abordar las disparidades en materia de salud en comunidades marginadas.
El representante Rafael Anchía, demócrata por Dallas, cuestionó el impacto de las políticas contrarias a la equidad y la inclusión en la atracción de talento al sector privado.
“Se adoptan políticas que permiten obtener la mejor reserva de talento, y a menudo esa reserva de talento exige diversidad, equidad e inclusión porque, hasta hace muy poco, esos términos eran vistos muy positivamente en el mercado laboral por el personal. ¿No es así?”, preguntó Anchía.
“Así es”, respondió Bazaldúa.
El representante Richard Raymond, demócrata por Laredo, preguntó cómo el proyecto de ley cambiaría sustancialmente el trabajo de la ciudad —¿puede la ciudad hacer lo que necesita sin este departamento?
Bazaldúa dijo que la oficina de equidad no solo se encarga de contratar candidatos diversos. “También se trata de un gasto equitativo”, dijo.
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El distrito de Bazaldúa abarca el sur de Dallas y las comunidades vecinas de Fair Park, y ha sido objeto de políticas municipales durante décadas, como la segregación residencial y la expropiación de tierras mediante expropiación forzada, que contribuyeron a la erosión de cientos de familias afroamericanas. Esas comunidades “apenas se están poniendo al día”, dijo.
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